Consideraciones sobre el proceso de paz y su impunidad

Resulta que ese que hace 15 años era un niño, por quienes muchos se habrían indignado que hubiera sido violentamente reclutado por las putas Farc para una guerra... ese que era un niño entonces de 9 años, no pudo nunca más volver a la escuela, no terminó la primaria, apenas aprendió a escribir... hoy es un muchacho de 24 años que no sabe otro oficio que disparar y matar, no sabe otra cosa sino hacer la  guerra... ese que ya no es un niño, es hoy un guerrillero, que ha matado, ha asesinado... hoy sólo nos importa que es un hijueputa guerrillero más de los terroristas de las Farc, al que el Gobierno piensa no sólo dejar injustamente impune (no castigarlo como nuestro justo corazón ordena) sino además, descaradamente, darle un auxilio económico de 2 millones de pesos, más una renta básica de poco más de $620mil pesos (SMMLV x 0,9) durante 24 meses, y ayudarle para que vuelva a estudiar, aprenda un oficio que le dé sustento económico, patrocinarlo para que emprenda un negocio que le permita vivir dignamente… ¡Cuánta injusticia, cuánta impunidad! Y como este guerrillero hay más de 3mil en las filas de estos terroristas, con los que el nefasto Gobierno de Santos, amangualado con el terrorismo comunista (enemigo natural de los colombianos y de las personas de bien), piensa hacer este y otro tipo de concesiones, en el marco de un acuerdo de impunidad que propone esa ya trillada exigencia de una Reforma Agraria Integral que garantice al campesinado colombiano mejores condiciones para la agricultura, vías terciarias, infraestructura y algo de protección para el agro colombiano frente al siempre benemérito mercado internacional que nos provee a mejor precio, desde el extranjero, el casi 70% de la canasta básica de consumo de productos agrícolas en las ciudades donde habitamos el 75% de los casi 50 millones de colombianos. 

Ese ya desgastado intento de quizá más de 200 años (Ley 11 de octubre de 1821, Ley 200 de 1936, Ley 135 de 1961, Ley 160 de 1994) de hacer reformas agrarias y por desconcentrar la tierra habida hoy en un 79% en manos del 11% de los propietarios (concentración reflejada en ese GINI de tierras de 0,82, según los datos del censo agropecuario de 2014), distribución naturalmente justa que contribuye a que los terratenientes de bien cuiden y hagan rentable para ellos esta vasta extensión del territorio mientras el campesinado pauperizado se desplaza a las ciudades para insertarse en las cada vez más amplias economías informales urbanas. Para qué entonces insistir es desconcentrar la tierra de las manos de quienes la han hecho rentable con escasa demanda de mano de obra rural; esas siempre buenas elites gamonales, ganaderas y mineras que hoy impulsan nuestra prospera economía nacional, dependiente en un 25% de la renta del subsuelo y que proyecta una rentable explotación minera en la era de la desindustrialización, que promete crecimientos a la economía nacional de más de 5 puntos del PIB real, y quienes ante la amenaza terrorista de las Farc se vieron compelidos a armar sus propios grupos de autodefensas que pudieron luego desarmarse cuando el prohombre y Gran Colombiano, Excélsimo Dr. Uribe Vélez, por siempre en el honorable título de Presidente de los colombianos, fortaleció la Fuerza Pública y al mismo Estado y les permitió a estos grupos noblemente armados en defensa de los intereses de empresarios gamonales y terratenientes, ganaderos e impulsores de la rentable industria del monocultivo, desmovilizarse y recibir auxilios, muy bien merecidos, de cerca de 480 mil pesos mensuales durante 6 años, y justas penas de prisión de entre 5 a 8 años para quienes hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, en el marco de la benemérita Ley de Justicia y Paz. Nada que ver con el injusto e impune acuerdo de la Habana que propone crear una Jurisdicción Especial de Paz, con un Tribunal de Paz con jueces nacionales e internacionales, supervisados entre otros por el mismísimo jerarca de la Iglesia Católica, S.S. Papa Francisco, y veedores de la ONU; jurisdicción de paz que propone en un impune marco de justicia enfocada en reparar a las víctimas, en el que los desmovilizados guerrilleros se comprometen a contribuir en el esclarecimiento de la Verdad, el trabajo en el desminado de los campos, erradicación manual de cultivos ilícitos y reparación a las víctimas, supervisados por miembros de la comunidad internacional y de la Fuerza Pública colombiana; y entre 15 a 20 años de prisión para quienes no contribuyan y para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.